España es uno de los países europeos a la cabeza de los rankings en fraudes masivos a los consumidores, especialmente en el ámbito financiero, pero también en otros sectores como el energético y el de las telecomunicaciones.

Precisamente por ese motivo, lo razonable sería estar a la cabeza también en lo relativo a la efectividad de los mecanismos de resolución colectiva de conflictos, tanto en vía judicial como extrajudicial. Y es que se sigue demostrando que la justicia individual no es eficaz ni garante en la búsqueda de soluciones ante los graves problemas que sufren los consumidores hoy en día, muchos de ellos de carácter colectivo.

A pesar de esta situación, en nuestro país la acción judicial colectiva tiene demasiadas lagunas normativas, lagunas ante las que existe una actitud poco proactiva por parte de los poderes públicos, principales encargados de potenciarla; por no hablar de la acción extrajudicial colectiva, que brilla por su ausencia.

La legislación en materia de acciones colectivas es insuficiente, dispersa y fragmentaria, y el sistema se sitúa al servicio de los grandes poderes financieros. No obstante, existen jueces, fiscales y sectores conscientes de este problema que demuestran su apoyo con sensibilidad hacia los consumidores.

Hemos querido a través de este newsletter del que hoy lanzamos el primer número dar voz a todas las partes que se enfrentan a esta realidad, desde un punto de vista más técnico y jurídico, pero procurando trasladarles asimismo la complejidad de la praxis de la acción colectiva que intentamos superar.

Esta publicación tiene el objetivo de plasmar dicha sensibilidad, y difundir información y conocimientos entre los profesionales del mundo jurídico, así como servir de herramienta de reflexión y debate para encarar el camino hacia un procedimiento verdaderamente eficaz para los consumidores, que no puede estar basado en otro principio fundamental que no sea el de su defensa colectiva.

Manuel Pardos
presidente@adicae.net
@ManuelPardos